2. ACTUALIZANDO COMUNIDAD ORGANIZADA

ACTUALIZANDO COMUNIDAD ORGANIZADA

“Nuestro gran problema es de organización, lograrlo es el desafío. Gran parte de lo que el futuro sea, dependerá de nuestra unidad de concepción”

(N. del A.)

«La organización es, sin duda, el imperativo más importante de estos tiempos. No hay nada sin organización»

Juan D. Perón

INTRODUCCIÓN

  1. COMUNIDAD ORGANIZADA
  2. EL FEDERALISMO EN COMUNIDAD ORGANIZADA
  3. REFORMA POLÍTICA BONAERENSE. MUNICIPALISMO JUSTICIALISTA
  4. GEOPOLÍTICA. CONTINENTALISMO

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

La Argentina y su comunidad se encuentran ante la más profunda crisis que registre su historia. Ya no solo se trata de una crisis de valores. De una crisis económica, política o sociocultural. La crisis que hoy se nos manifiesta es de ORGANIZACIÓN: de un método fundado en la ideología del pueblo en concreto, de los valores espirituales que detenta, para el desarrollo de una estrategia política y de su programa económico en la consecución de una Nación Justa Libre y Soberana. De un método que forme hombres capaces de tomar una resolución y de realizarla, es decir, hombres de acción.

El liberalismo y el socialismo, de base materialista, aportan sus propios métodos de organización, fundados en un Hombre Ideal. El resultado observado es un alto grado de injusticia social, de deshumanización del Ser Humano, del deterioro constante del medio ambiente y la explotación de los pueblos. Un mundo incierto como inestable para vivir, cargado de dudas y desánimos.

El pueblo argentino ha aportado su propio método, La Comunidad Organizada, de base cristiana y humanista, equidistante de los dos sistemas anteriores. Toma a la Filosofía (a diferencia del liberalismo y del marxismo que se sustancian en la teoría política -la libertad- y de la teoría económica -la igualdad-) para establecer, de manera racional, los principios más generales que organizarán y orientarán el conocimiento de la realidad hacia la Justicia Social. En Perón, su acción del pensamiento tiene contacto directo con la realidad de la vida de su pueblo, a tal sentido, el cultivo de las grandes verdades -de la que se nutre su Doctrina- que es la persecución infatigable de las razones últimas de la vida, llevó a reconvertir a la Filosofía de ser una ciencia abstracta en un dispositivo concreto, simple y práctico, cercana de las perspectivas en que el hombre real suele desenvolverse. Este fue el gran aporte de Perón.

Acaso sobre el gran fondo filosófico que es la verdad, haya prevalecido una cuestión de tendencias, ajenas al ansia de conocimiento a cuya satisfacción debería consagrarse toda fuerza creadora. En ausencia de tesis fundamentales defendidas con la perseverancia debida, surgen las pequeñas tesis, muy capaces de sembrar el desconcierto…” dirá Juan Perón en el cierre del primer Congreso de Filosofía de 1949, haciendo una profunda crítica a los sistemas filosóficos dominantes, más interesados en legitimar ideologías en boga que reflexionar sobre la esencia, las causas y efectos de las cosas naturales, en especial el hombre y el universo.

De la reflexión filosófica extraemos los conceptos de nuestra Doctrina, que nos permitirá elaborar la unidad de concepción que es el origen de la unidad de acción. Único fundamento de la unidad políticamente efectivo y moralmente justificable (la unidad no se resuelve en elecciones, viendo quien tiene más votos). El JUSTICIALISMO, como afirmación de ideales compartidos, es un Movimiento de Tercera Posición, nacional y popular, de unidad y de identidad, opuesto a la derecha antinacional y a la izquierda antipopular. Tomar partido entre una izquierda “progre” y una derecha “moral” no es una disyuntiva digna de un Justicialista.

Sin embargo, hay quienes pretenden caracterizar nuestra naturaleza con argumentos científicos, delirios literarios provenientes de la dupla Chantal-Laclau, dando origen a postulados academicistas desde Carta Abierta que creen que el sistema político argentino debe avanzar hacia una sistema de frentes políticos, en la que se agrupen los buenos peronistas con los progresistas sensibles y los malos peronistas con los oligarcas innobles. La realidad desmiente día a día estos espejismos: la apatía y el desinterés del electorado por estas fórmulas de laboratorio es generalizada.

Los justicialistas adherimos a los ideales de soberanía política, independencia económica y justicia social, que no son de izquierda ni de derecha. Para lo que se requiere de una Comunidad Organizada.

1. COMUNIDAD ORGANIZADA

EL 29 de noviembre de 1951 aparece en el Diario Democracia un texto titulado: “Una Comunidad Organizada” con la firma de Juan D. Perón. En ese texto, que tiene su origen en el Primer Congreso de Filosofía realizado en Mendoza -1949-, comienza a delinearse un dispositivo cosmopolítico. No es un texto técnicamente filosófico, sino una idea sintética de base filosófica respecto a lo que representa la Tercera Posición Justicialista.

La primera virtud de este dispositivo reside en la reflexión filosófica como base creativa de la acción de gobierno y su concreción en un proyecto nacional. Es esta íntima relación entre pensamiento (real) y acción (material) y no un mero discurso de circunstancias utópicas lo que diferenciará nuestra Doctrina nacional de las imperantes ideologías.

La relación pensamiento-acción es, en Perón, trascendental.

En el subsuelo de nuestra Patria el cimiento básico de una nueva nación asoma. La primera simiente de inmigrantes más los nuestros criollos, vienen forjando interrogantes respecto a la identidad colectiva, y en tanto, por la cuestión de la nacionalidad. Irán conmoviendo, lentamente, los pedestales con que se había construido la vieja Argentina. Inorgánica y sin conducción al comienzo. Y fue el Gral. Perón quien asume sobre sus espaldas el desafío y la responsabilidad de conducir estos destinos de la nueva Argentina en gestación.

De una Argentina que conocía muy bien, por caminarla y recorrerla como militar. Por adiestrar tropa, integrada por jóvenes provenientes de todos los rincones de nuestra tierra. Perón dialogaba con todos ellos, lo que le permitía estar al tanto de la realidad de cada punto de la Patria.

“La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas” sostiene Perón. Será Comunidad Organizada ese dispositivo que permitirá la inserción del pueblo concreto, sus mujeres y hombres corrientes, en la nueva Nación justa libre y soberana ya gestada.

La comunidad organizada es concebida, al decir del ensayista y escritor argentino Francisco Pestanha, en un clima de época caracterizado por antagonismos de sistemas opuestos y de clases, y emerge como una propuesta de armonización entre los intereses individuales y colectivos en el marco de una organización estatal que asegure la dignidad de todos, y de una democracia real, donde el único verdaderamente soberano y protagonista es el pueblo. Pero además, dicha Comunidad Organizada, emerge como respuesta y propuesta a otra antítesis de la época, ya que evidenció una exacta comprensión  del conflicto latente que se establecía por entonces, entre el adelanto científico-tecnológico por un lado, y la preservación y exaltación de los valores de la dignidad del hombre, por el otro.

La Comunidad es una “commnunitas” (del latín compartido) de valores espirituales del pueblo. De su ideología. Por eso la preocupación por la cuestión de los valores será esencial para un Perón que escribe este texto en un marco histórico de contradicciones y pérdida de los mismos, sosteniendo que “los valores morales han de compensar las euforias de las luchas y las conquistas, y oponer un muro infranqueable al desorden.”

Dentro de nuestra escala de valores de la persona humana, el amor al prójimo ocupa el primer lugar: “el amor entre los hombres habría conseguido mejores frutos en menos tiempo del que ha costado a la humanidad la siembra del rencor”. Al respecto, Perón consideraba  al “Hombre como portador de valores máximos, como células del bien general”, y que era la hora de devolverle al hombre la fe en su misión, inserto en “La Comunidad Organizada a la que debemos aspirar, donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia.”

En Comunidad organizada, el rol del gobierno en los aparatos del Estado es fundamental. Es un Estado actor y protagonista, no reducido a una simple máquina burocrática que garantice su propio funcionamiento, y menos aún, que responda a intereses políticos-ideológicos. Lo que no quiere decir que represente un Estado omnipotente, represor de las libertades individuales y de las organizaciones. Perón, al respecto, sostenía que: “No aceptamos la explotación del hombre por el hombre y menos aceptamos la explotación del hombre por el Estado. Creemos, sí, que la sociedad modernamente organizada debe ser una colectividad en la que el hombre sea atendido y ayudado por el hombre y los hombres atendidos y ayudados por el Estado”.

Ahora bien, en las XX Verdades Justicialista se establece que en la acción política nuestra escala de valores está primero la Patria, después el Movimiento, y luego los hombres. En Comunidad Organizada, que es donde debe entenderse dichas Verdades, hablar de Patria implica trabajar para su organización política-administrativa. Qué nación queremos, con quién y cómo la organizamos y que forma de Estado se organizará. Para la consecución de estos fines se debe conseguir la unidad de concepción para que el esfuerzo común del Movimiento logre, en el menor tiempo posible, los objetivos propuestos. Por último, los hombres constituidos en las Organizaciones Libres del Pueblo serán factores concurrentes en los aparatos del Estado en las tomas de decisiones, que no son vinculantes, pero sí orientarán para que sean más sabias.

Ahora bien, dirá Perón: «Las instituciones estatales, orgánicamente dependientes del gobierno, están naturalmente tuteladas en su acción por el mismo. Las instituciones populares deben recibir del gobierno idéntico trato, ya que son el pueblo mismo, pero no está en manos del gobierno el organizarlas, porque esa organización, para que sea eficaz y constructiva, debe ser popularmente libre«. En una palabra, quiere decir que el gobierno y el Estado no deben intervenir en la vida íntima de los gremios, las sociedades de fomento, los clubes, bibliotecas populares, asociaciones vecinales, etcétera. De modo tal que no sean absorbidas por él, como en el caso del fascismo, ni que tampoco sean elementos de presión en su contra, para la toma del poder político, como es el caso del marxismo, como bien nos refiere el filósofo argentino Alberto Buela.

El Justicialismo concibe al Gobierno como el órgano de la concepción y planificación, y por eso es centralizado; al Estado como organismo de la ejecución, y por eso es descentralizado; y al pueblo como el elemento de acción, y para ello debe también estar organizado. Los tres factores; gobierno, Estado y pueblo deben actuar armónicamente coordinados y equilibradamente compensados en la ejecución de la misión común. Para que ello ocurra, son necesarias una subordinación ajustada y absoluta del Estado al Gobierno y una colaboración y cooperación inteligentes, de las distintas fuerzas del pueblo con el gobierno y las instituciones estatales» expone Perón en el desarrollo en otra de las XX Verdades. Ahora, si nos planteamos un ESTADO JUSTICIALISTA, del que todos estaremos de acuerdo, deberemos preguntarnos por su sistema FEDERAL de gobierno.

2. EL FEDERALISMO EN COMUNIDAD ORGANIZADA

«Devolvemos a los argentinos: un gobierno centralizado que entiende el federalismo con sentido práctico y no literario, y que por eso gobierna a todo el país y a todos los argentinos; un Estado organizado para el cumplimiento de todas sus funciones; y un pueblo libre al que hemos dado vigorosa personalidad social, una clara conciencia social de su origen, de sus fuerzas y de su destino, y la organización necesaria para defender sus derechos, cualesquiera sean las circunstancias en que deba realizar su historia en los días inciertos que esperan a la humanidad» Perón, Mensaje al Congreso Nacional, 1° de mayo de 1951

Nuestro sistema federal de gobierno se caracteriza por una fuerte tendencia a la centralización, más allá de lo que dispone nuestra Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha caminado hacia una mayor concentración de poder, como producto de un largo resabio político como lo es la permanente fantasía de ejercer la autoridad con la suma del poder público (síndrome de Rosas), y que aún no ha podido ser diluido ni siquiera con la reforma constitucional de 1994, que tuvo como uno de sus ejes centrales, la descentralización del poder político.

Ahora, ¿Cómo concretar lo establecido por el Art. 1° de nuestra Carta Magna al sostener un sistema FEDERAL de gobierno?

Aquí diseñaremos una estrategia JUSTICIALISTA. Así como el gobierno de Perón trajo científicos extranjeros para que nos enseñen lo que ellos sabían y nosotros poder producirlo; así, nuestros más avezados constitucionalistas deberán enseñarle a la conducción política cómo es y cómo se debe trabajar en un marco legítimamente federal.

Lo que proponemos es un acuerdo entre los gobernadores de provincias, conjuntamente con el PEN, y que cada uno de ellos designen a sus más prestigiosos constitucionalistas (profesores catedráticos universitarios y/o personalidades jurisconsultos), para conformar, instrumentar, ejecutar y poner en funcionamiento el CONSEJO NACIONAL FEDERAL, como factor concurrente en los aparatos del Estado. Desde donde se trabaje en un programa federal con temarios para:

  1. Limitar el personalismo presidencialista, fortaleciendo la imagen del Congreso y del Poder Judicial.
  2. Poner énfasis en todos los niveles educativos los principios republicanos y federales de la Constitución Nacional. El Consejo realizará un diseño curricular para la educación primaria y secundaria como para el ámbito Universitario, en defensa del funcionamiento del sistema republicano y federal de gobierno.
  3. Fortalecer el rol federal del Congreso Nacional. Las decisiones de gran relevancia terminan tomadas, principalmente, por el Ejecutivo con el apoyo de los Gobernadores, que condicionan a sus respectivos Senadores nacionales. Nuestras provincias, no son sólo divisiones políticas, son instituciones constitucionalmente autónomas y preexistentes al Estado Nacional y cuyos Senadores, tienen el deber legal y moral de asumir el legítimo rol de defenderlas.
  4. Reafirmar el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como garante del federalismo. La CSJN ha convalidado muchos de los avances del Gobierno Federal sobre las provincias. Por ello, es imperioso exigir a nuestro más alto Tribunal ajuste sus determinaciones, conforme lo establecido en las reformas constitucionales de 1994, a favor de la descentralización del poder como del fortalecimiento de las autonomías provinciales y regionales. El Consejo Nacional Federal prestará su apoyo desempeñando un papel fundamental en la elaboración, desarrollo y reformas necesarias del Derecho Constitucional, y que por medio de sus enseñanzas y sus publicaciones, se unifique una Doctrina que permita lograr acuerdos trascendentes entre el Gobierno Federal y las Provincias; y éstas a su vez con sus respectivos municipios, actuando la Corte como garante de esos acuerdos.
  5. Modificar la enorme concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires. El Consejo deberá presentar un informe analizando alternativas que lleven a atenuar la hegemonía de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias argentinas.
  6. Reformas sobre el convenio de coparticipación impositiva. Comenzar un nuevo debate, desde el Consejo, según las bases constitucionales establecidas.
  7. Respetar los principios federales en la sanción anual del presupuesto nacional. El Consejo deberá trabajar en ese sentido, clarificando y marcando las pautas con que debe regir la Ley de Presupuestos.
  8. Un Banco Federal Nacional. Plantear una reforma estructural del Banco Central, tendiente a ponerlo en línea con nuestro régimen federal siendo que tal entidad es la columna vertebral de nuestro sistema financiero, monetario y cambiario, que muchas veces adopta decisiones sobre variables económicas que afectan de manera diferente a las distintas jurisdicciones provinciales, sin que ellas puedan ser parte de estas decisiones. No todas las provincias viven realidades similares, y en ese marco sería justo que tuvieran la posibilidad de hacer oír su voz en temas que competen directamente a sus economías. Por caso: la regionalización productiva, el equilibrio fiscal, el tipo de cambio, la oferta de dinero, la tasa de interés, presiones inflacionarias, competitividad relativa y capacidad exportadora. Este Consejo deberá consensuar un proyecto para la creación del BANCO FEDERAL NACIONAL.
  9. Afianzar el federalismo de coordinación o concertación mediante un mejor ejercicio de relaciones interjurisdiccionales. El Consejo Nacional Federal propondrá la creación de la CONFERENCIA DE GOBERNADORES PARA LA CONCERTACIÓN FEDERAL, a los fines de mejorar las relaciones interprovinciales, y estas con el ejecutivo nacional. Será un espacio específico y exclusivo de deliberación entre los gobernadores de todas las provincias y el PEN, quienes trabajarán en establecer una agenda anual regionalizada, atento a las asimetrías de las variables económicas, sociales, culturales y climáticas, con la finalidad de buscar el necesario consenso para fortalecer el sistema federal de gobierno. Tendría las siguientes características:

I. Que todos y cada uno de los titulares de los ejecutivos estatales participen de manera voluntaria.

II. Que la dinámica entre sus miembros se caracterice por estar sustentada en una relación de pares.

III. Que todas y cada una de las decisiones de sus miembros se tomen por consenso y en una última instancia ante posturas irreconciliables, por decisión mayoritaria.

IV. Que si bien es una instancia de deliberación, las tomas de decisiones deberán considerarse vinculantes entre sí y con el Ejecutivo Nacional, por tener carácter de Concertación Federal, el cual se sustenta en un compromiso político en igualdad de facultades y atribuciones salvando la prelación del nivel nacional, que igualmente se obligará a su cumplimiento.

Algunos de los temas de agenda para esta Conferencia semestral serán:

  1. La exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, ajustándose al concepto y a la práctica de desarrollo sustentable, valiéndose de los estudios, análisis, investigaciones, proposiciones, iniciativas e informes de los entes interjurisdiccionales de cada provincia por separadas o en conjunto por región.
  2. El compromiso de un pacto medioambiental nacional con decisiones vinculantes.
  3. La educación, con el objetivo de lograr en materia presupuestaria, el pleno acceso de la Argentina a la sociedad del conocimiento. Pero en materia de calidad educativa es imprescindible aplicar un amplio criterio federal para eliminar de cuajo la disparidad de sistemas actuales e inoperantes que hoy se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje, profundizándose en la revisión de los paupérrimos resultados y proponiendo las medidas conducentes (respetando las identidades regionales) a recuperar el perdido nivel continental de nuestra educación.
  4. Revisar los resultados de la actual ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Federal, para distribuir geográfica y equitativamente dichos servicios.
  5. La participación de las provincias en los organismos de control de los servicios públicos de competencia nacional.
  6. Debatir nuevamente la conveniencia geopolítica-estratégica de trasladar en el futuro la Capital Federal, en base a criterios de desarrollo, comunicabilidad y seguridad.
  1. Garante en los compromisos asumidos por el poder político ante sus ciudadanos. El Consejo actuará como garante del compromiso que los candidatos políticos (Gobernadores, Senadores y Diputados Nacionales) asuman al momento de convenir en llevar adelante sus promesas preelectorales y fundamentalmente lo concerniente a obras públicas propuestas o que no se haya terminado de la administración saliente. Este será el gran desafío que el Consejo tendrá por delante.
  2. Promover las regiones para el desarrollo económico y social. El art. 124 de la Constitución Nacional prevé las regiones como instituciones esenciales para el desarrollo económico y social y la integración nacional. Es urgente llevar adelante no solo una política de descongestión, descentralización e integración del país, sino que también se debe planificar desde el regionalismo.
  3. Modificar y/o derogar la legislación centralista vigente y su deficitaria política federal. En este sensible aspecto del poder, las modificaciones no serán fáciles de realizar ni mucho menos de aprobar. ¿Por qué? Porque esta tarea requiere fundamentalmente tiempo, especialistas, exclusividad y visión, para un análisis detenido de las normativas dictadas, a lo largo de nuestra historia como República, en todos los poderes del Estado Nacional.

El sistema federal consagrado en la Constitución Nacional se ha ido resquebrajando a caballo de las políticas centralistas aplicadas por los sucesivos gobiernos nacionales, que cuando están en el llano, pregonan un federalismo a ultranza, pero que, cuando llegan al poder, indiferentemente se olvidan de sus promesas. Los problemas de la coyuntura política actual postergan por tiempo indeterminado la consideración de un problema tan delicado como el de nuestro sistema federal.

Reconstituir el sistema federal de gobierno implicaría un salto cualitativo institucional, como la necesaria Justicia Social para nuestras provincias. Provincias que también deberán desarrollar reformas estructurales, y en particular la provincia de Buenos Aires.

3. REFORMA POLÍTICA BONAERENSE. MUNICIPALISMO JUSTICIALISTA

En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo (de las XX Verdades peronistas)

I.- Identificación del problema

El Municipio, como parte del aparato del Estado, es un instrumento de gestión directamente ligado a la realidad cotidiana de los trabajadores. De hecho, su dinámica se constituye en base a su doble inserción: en la comunidad local y en el Estado provincial. Por un lado, refleja las características específicas de dicha comunidad, objeto de su gestión. Por el otro, es el nivel del Estado de menor ámbito territorial y, por lo tanto, está sometido a una jerarquía institucional en la que ocupa el nivel inferior. Las características y orientación del Estado provincial se reflejarán inevitablemente en el funcionamiento y en la política municipal.

El Justicialismo ha reconocido históricamente el derecho de los trabajadores, como usuarios de los servicios públicos, a intervenir de algún modo en la gestión de los mismos legitimando canales de comunicación con las autoridades para expresar sus criterios y deseos acerca de cómo debe ser la comunidad, cómo debe desarrollarse y a qué intereses y aspectos debe darse preferencias. Porque en definitiva somos los trabajadores los que vivimos día a día en nuestras comunidades. Esto no significa burocratizar las decisiones, sino entender que es el trabajador quien, con sus tributaciones, sostiene todo el aparato estatal, por lo que su voz debe ser escuchada. A tal efecto surgen las Organizaciones Libres del Pueblo, un ámbito propicio de participación del trabajador.

La magnitud creciente de los problemas urbanos y la falta de reacción de las administraciones municipales llevan a reflexionar acerca de una crisis general y profunda del Modelo Municipal, el que se rige por el DECRETO-LEY 6769/58 -LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES- impuesto por la Dictadura Militar de aquél entonces.

Por lo señalado se hace necesario readecuar y reformular la funcionalidad del Municipio desde la esfera del Estado-provincia, es decir, replantear un nuevo enfoque Municipal. Para ello se debe contar con un previo diagnóstico de la situación actual, para considerar luego las acciones correctivas que se consideren pertinentes. Por lo tanto, las falencias que padecen los Municipios bonaerenses, desde nuestra perspectiva de Comunidad Organizada, la podemos resumir en una serie de puntos básicos:

  1. CRISIS DE CREDIBILIDAD: como consecuencia de la larga crisis política y social de estos últimos tiempos, se refleja en el Municipio que, progresivamente, ha ido perdiendo su rol de gobierno y administración de su comunidad local, degradando su esencia política hasta convertirse en una estructura burocrática, cada vez más elementales, costosa e ineficiente y prestadora de servicios de los más básicos.
  2. DEBILIDAD INSTITUCIONAL: el Municipio mantiene una relación de “hermana menor” entre el Estado-nación y el Estado-provincia. Donde la Nación absorbió competencias de las Provincias y éstas a su vez de los Municipios, evidenciando un proceso de centralización política, administrativa y económica. El proceso de “desmunicipalización” es evidente.
  3. DEBILITAMIENTO DE LA RELACIÓN MUNICIPIO-VECINDAD: el Municipio es relación de vecindad. Es el ámbito político y administrativo más inmediato al trabajador, en el cual éste puede y debe participar y formar parte de una manera cierta y efectiva. El Municipio no ha instado a una mayor participación del vecino.
  4. BUROCRATIZACIÓN: los Municipios se han burocratizado, originando una estructura administrativa costosa que recae sobre la comunidad, la cual debe pagar altas tasas por servicios insuficientes e ineficientes.
  5. FALTA DE RECURSOS PROPIOS: en la medida que el Municipio recibe de la Provincia gran parte de sus recursos disponibles, es obvio que carecen del sustento económico necesario para desarrollar de manera amplia, sostenida y eficiente, sus potencialidades para su desarrollo integral.
  6. POLÍTICAS QUE ESCAPAN A LAS NECESIDADES DEL VECINO: el objetivo fundamental del Municipio es servir a la comunidad como un todo, y al hombre no sólo como sujeto natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino también como persona moral, intelectual y espiritual. La actividad Municipal debe dirigirse a fines sociales no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre, tanto materia y espíritu, integrado a una comunidad y no a las apetencias personales del “negocio” político.
  7. INCIPIENTE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ÁMBITO MUNICIPAL: en la conciencia ciudadana hay un vacio conceptual y práctico sobre el ámbito municipal. En países desarrollados, el Municipio es el ámbito real de convivencia diaria, y es también el ámbito práctico de participación e interacción ciudadana. A nuestra sociedad bonaerense, le falta todavía emprender la construcción conceptual, institucional, jurídica, política y social de lo MUNICIPAL.
  8. ANACRONISMO DEL “MODELO CLÁSICO” DE ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL: el modelo actual de organización municipal no se corresponde con las realidades y necesidades de la sociedad urbana actual, como tampoco se ajusta a las nuevas demandas. Por lo tanto, está obligado a superar dicho “anacronismo”, provocando cambios que impliquen una nueva concepción de un Estado Municipal, diligente, eficiente y eficaz, conforme a la exigencia de nuestra concepción de Comunidad Organizada.
  9. AMPLIACIÓN DEL CLIENTELISMO BUROCRÁTICO: el crecimiento exagerado del empleo municipal, motivado por cuestiones de pago por servicios políticos prestados, que se multiplican gobierno tras gobierno, va generando un estructura Municipal desmesurada, torpe, ineficiente e ineficaz, que tiende a burocratizarse antes que simplificar las tareas administrativas, en perjuicio de la necesaria asignación de recursos a prestaciones productivas, como obras y servicios públicos. Además, se ha ido construyendo un clientelismo político como intercambio extraoficial de favores, en el cual los funcionarios de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. El clientelismo político es en sí un arreglo de intercambios:“si me das eso, te doy esto”:
  10. EL FORMATO POLÍTICO SOMETE AL MUNICIPIO A LA ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO GOBERNANTE: por lo general, el ejercicio del poder desde una ideología determinada no deja intervenir a otros protagonistas sociales o políticos que puedan aportar propuestas diferentes, aún en perjuicio del empobrecimiento del sistema democrático y las relaciones comunitarias.
  11. LA LIMITADA CAPACIDAD PARA ELABORAR PROGRAMAS MACRO-ESTRUCTURALES: la superposición de facultades y atribuciones de los aparatos del estado (nacional, provincial y municipal) hace que el Municipio no logre desarrollar programas de inversión, porque existen programas o propuestas del ejecutivo nacional o provincial a desarrollar en detrimento de las reales necesidades del Municipio.
  12. DEFICIENCIAS EN EL CONCEJO DELIBERANTE: el funcionamiento del Concejo atraviesa una crisis de estancamiento basada, por un lado, en los artilugios legales que sistemáticamente evitan el tratamiento de “ciertos” proyectos. Por el otro, por la impronta de quien conduce el funcionamiento del Concejo, que promueve el camino, muchas veces, de que nada avance. Generando malestar en el vecino, en los sectores económicos y en la misma oposición política. Así el Concejo atraviesa una situación de fuertes críticas que debe ser analizada, debatida por todos los vecinos, pero primordialmente por quienes ellos elijen para representarlos

Como venimos planteando, buena parte de las limitaciones del Municipio se vinculan con su dependencia al centralismo provincial, la que incluso dependen del gobierno nacional, en un contexto de fuerte centralización estatal. Por lo que, puede suponerse que la debilidad de las Municipalidades para hacerse cargo de los problemas de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la población de menores recursos es consecuencia de esta centralización.

Las Municipalidades manejan, sin dudas, presupuestos limitados, pero más de un habitante de la ciudad no asociaría los problemas locales a la falta de fondos sino, al incorrecto uso que se hace de los recursos municipales. Es evidente que el problema más inmediato en relación con los recursos es la forma y modos de asignarlos. Una planta de personal que supera los diez mil empleados, y con cada gestión política se va incrementando, significa una importante cantidad de recursos financieros que se utilizan para pagar salarios, pero sobre todo, porque se cuenta con una fuerza de trabajo cuyo potencial productivo debiera estar en el sector privado.

En consecuencia, el problema central no parece estar solamente en la cantidad de los recursos, o la centralización financiera del Estado, sino además en los procesos locales de toma de decisiones sobre el uso de esos recursos.

Si las Municipalidades en las que predomina un modelo de gestión basado en relaciones clientelares recibieran un fuerte incremento de sus presupuestos, ¿cuál sería el destino de esos fondos nuevos? De poco valdría modificar las relaciones de centralización-descentralización si no se alteran las decisiones políticas que determinan la continuidad de un Municipio burocratizado y clientelar.

En definitiva, así estamos, en este presuroso Siglo XXI, donde nos encontramos ante una situación con un régimen municipal en crisis terminal, y donde nuestros representantes evitan pronunciarse o hacer referencias al mismo. Es tiempo de empezar a pensar “lo público” desde Comunidad Organizada, en el cual la relación entre vecino y Municipio comience a disminuir su distancia con el acercamiento.

  • Prospectiva Justicialista ( en elaboración)
Publicado en Comunidad Organizada.